El Ministerio Público recibió un total de 6.672 denuncias por el hecho punible de incumplimiento del deber legal alimentario a nivel país, entre los meses de enero y noviembre del presente año, según datos del Observatorio de la Fiscalía. Esta situación afecta de manera directa a numerosos niños, niñas y adolescentes, profundizando escenarios de vulnerabilidad social.
De acuerdo con la Oficina de Estadísticas del Ministerio Público, 4.270 de las denuncias corresponden a padres comprendidos en la franja etaria de 30 a 45 años, lo que representa el 65 % del total de los casos registrados. Desde la institución señalan que este tipo de hechos genera un fuerte impacto social, especialmente en periodos sensibles como las fiestas de fin de año y celebraciones tradicionales.
En cuanto a la distribución geográfica, el departamento Central encabeza la lista con 1.933 denuncias, seguido por Alto Paraná con 859, Caaguazú con 442, Itapúa con 433 y Asunción con 419 denuncias.
Otros departamentos también presentan cifras relevantes: San Pedro con 342 denuncias, Cordillera con 330, Concepción con 328, Guairá con 262, Canindeyú con 254 y Misiones con 241 casos. Asimismo, se registraron 188 denuncias en Amambay, 185 en Paraguarí, 160 en Caazapá, 124 en Presidente Hayes, 96 en Ñeembucú, 67 en Boquerón y 9 en Alto Paraguay.
Respecto a la edad de las víctimas, los datos revelan que el grupo más afectado corresponde a niños y niñas de entre 5 y 9 años, franja etaria que concentra el 36 % del total de los casos registrados.
El incumplimiento del deber legal alimentario se encuentra tipificado en el artículo 225 del Código Penal Paraguayo. La normativa establece penas de hasta dos años de prisión o multa cuando el incumplimiento produce el empeoramiento de las condiciones básicas de vida del titular del derecho, y hasta cinco años de pena privativa de libertad o multa cuando el deber alimentario esté fijado mediante resolución o convenio judicial.
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