La Fiscalía confirmó la continuidad firme del proceso penal por el derrumbe del edificio en construcción ocurrido en el barrio San Roque de Encarnación, tragedia que costó la vida a una mujer de 51 años y a su nieta adolescente. El agente fiscal Francisco Martínez aseguró que el Ministerio Público tiene “muy clara la película” de lo ocurrido y ratificó todas las imputaciones formuladas, con el objetivo de que se transformen en acusaciones formales y la causa avance hacia el juicio oral.
Martínez explicó que, si bien por orden judicial deberá revisarse el relato fáctico de la imputación presentada en junio, las imputaciones continúan plenamente vigentes y alcanzan a las mismas seis personas ya procesadas. La revisión fue dispuesta luego de que el juez interino Miguel López revocara la admisión inicial otorgada por la jueza de Garantías N.º 3, Gillian Espínola, decisión que posteriormente fue analizada por el Tribunal de Apelación.
“Para nosotros la imputación estaba correctamente sustentada, con la participación individualizada de cada imputado. No obstante, vamos a realizar las adecuaciones solicitadas para que el proceso continúe sin obstáculos”, señaló el fiscal.
El Ministerio Público informó que ya fueron resueltas seis apelaciones planteadas desde junio y que ahora se aguarda que el Juzgado de Garantías remita nuevamente el expediente. Una vez recibido, la Fiscalía contará con un plazo de diez días hábiles para presentar la imputación ajustada, paso previo para avanzar hacia la acusación formal.
Martínez remarcó que, pese a las incidencias procesales, la investigación no se detuvo. Durante este tiempo se realizaron pericias técnicas en el lugar del derrumbe, levantamiento de muestras, análisis estructurales y recopilación de abundante evidencia documental y testimonial. “Tenemos elementos probatorios sólidos. El objetivo es llegar a la acusación y, posteriormente, al juicio, para el total esclarecimiento de los hechos”, afirmó.
La causa investiga el colapso ocurrido la noche del 2 de abril pasado, cuando un edificio en construcción cedió por completo. Entre los imputados se encuentran el intendente de Encarnación, Luis Yd Sánchez, y el director de Obras de la Municipalidad, René Orlando Miglio, ambos procesados por homicidio culposo y actividades peligrosas en la construcción. También fueron imputados los arquitectos Roberto Faustino Ramírez Farías y Mario Bruno Urbina; la propietaria del inmueble, Ramona Teresa Bogado Benítez; y el capataz y cuidador de la obra, Roberto Montiel Cabral. En algunos casos, la imputación incluye además el delito de exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos.
Según la Fiscalía, existen indicios suficientes de negligencia en la aprobación, ejecución y control de la obra, que habría sido ampliada de manera irregular, sin cumplir requisitos técnicos esenciales y pese a advertencias sobre riesgos estructurales graves. La permanencia de personas dentro del edificio la noche del derrumbe también forma parte central de la investigación.
El Ministerio Público espera ahora que el juzgado fije los plazos procesales para continuar formalmente con la causa. La tragedia, que conmocionó a toda la comunidad encarnacena, entra así en una etapa decisiva, con la expectativa de que se determinen responsabilidades penales y se sienten precedentes para evitar hechos similares en el futuro.
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