Una grave denuncia penal fue presentada este viernes ante el Ministerio Público de Encarnación contra el agente fiscal Meiji Udagawa Insaurralde, titular de la Unidad Fiscal N.º 4 de la Cuarta Región, por la supuesta comisión del hecho punible de coacción grave, tipificado en el artículo 121 del Código Penal.
La denuncia fue formulada por los comerciantes Neri Ramón Jara Vera y Perla Gladys Cantero Leiva, propietarios del local comercial Casa El Rey, ubicado en el circuito comercial de Encarnación. Ambos comparecieron bajo patrocinio de los abogados Isidro Magno Salinas Benítez y Víctor Gustavo Paris Santos Bitar, quienes acompañaron el escrito presentado a la Fiscalía de turno en horas del mediodía.
EL HECHO DENUNCIADO
Según el relato de los denunciantes, el hecho habría ocurrido el jueves 16 de octubre de 2025, alrededor de las 15:00 horas, cuando el fiscal Meiji Udagawa se presentó en el local comercial acompañado por dos funcionarios, identificados como Valentín Jara y Yesica Firtz, además de varios efectivos policiales armados y una mujer llamada Patricia Martínez, quien habría estado tomando fotografías sin formar parte oficial de la comitiva fiscal-policial.
Los comerciantes manifestaron que el agente fiscal ingresó al local alegando contar con una orden de allanamiento y procedió a embolsar mercaderías consistentes en indumentarias deportivas, mientras el personal armado rodeaba el establecimiento. Los propietarios aseguran haber solicitado al fiscal y su comitiva que se retiraran, al notar que el procedimiento era irregular, pero recibieron una respuesta negativa y continuaron los trabajos de incautación.
Minutos más tarde, llegó al lugar Galicia Jara, hija de los denunciantes, quien pidió explicaciones al fiscal por la validez de la orden, ya que según los afectados, el mandamiento judicial había vencido semanas atrás. Ante el reclamo, el fiscal habría respondido que aún estaba dentro del plazo de vigencia, lo que generó la indignación de otros comerciantes que se acercaron al lugar.
Los denunciantes relataron que la situación se tornó tensa, y que la comitiva abandonó el sitio alrededor de las 16:35 horas, tras dejar las mercaderías incautadas y utilizar gas pimienta dentro del local, lo que habría afectado tanto a los propietarios como a vecinos del área.
EL FUNDAMENTO JURÍDICO
En su presentación, los abogados Salinas y Bitar sostienen que el procedimiento dirigido por el fiscal Udagawa violó el artículo 189 del Código Procesal Penal, que establece un plazo de dos semanas de vigencia para los mandamientos judiciales. La orden utilizada —emitida por la jueza penal María Deyanira Villalba el 24 de septiembre de 2025— habría caducado de pleno derecho antes de ejecutarse el allanamiento.
Asimismo, alegan que la actuación del fiscal constituye un acto de abuso de autoridad y coacción grave, al haber constreñido a los comerciantes mediante el uso de la fuerza pública a tolerar un procedimiento “manifiestamente ilegal”.
El caso generó gran repercusión en el circuito comercial de Encarnación, donde comerciantes ya habían expresado su repudio a los allanamientos y controles realizados en los últimos días, denunciando un supuesto exceso de autoridad por parte de las fuerzas intervinientes.
Hasta el momento, el agente fiscal denunciado no ha emitido declaraciones públicas sobre la acusación en su contra.
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