A un año y cuatro meses del hecho que cambió su vida, Adriana Meza, una ciudadana de Encarnación, continúa esperando justicia. Su lucha comenzó en junio de 2024, cuando su vehículo fue trasladado al corralón municipal tras un accidente y luego derivado a un taller mecánico de la comuna. Al recuperar el rodado, meses después, lo encontró completamente saqueado: sin capó, motor, ruedas, tablero ni herramientas.
“El vehículo era mi herramienta de trabajo. Lo dejé entero y lo encontré convertido en chatarra”, denunció Meza, quien desde entonces enfrenta no solo el perjuicio económico, sino también la indiferencia de las autoridades.
En octubre del mismo año, la afectada presentó denuncias y exigió explicaciones, pero no recibió respuestas satisfactorias. La municipalidad de Encarnación realizó un sumario administrativo y aseguró tener identificados a los responsables, pero hasta la fecha Meza no ha sido indemnizada ni ha visto avance real en su caso.
La mujer también denunció el destrato sufrido por parte del intendente y su equipo, quienes —según relató— minimizaron su reclamo al referirse a su automóvil como «chatarra». Además, señaló presuntas irregularidades en el traslado del vehículo entre dependencias municipales, lo que, según ella, revela complicidad interna.
En el plano judicial, el Ministerio Público, representado por el abogado Luis Alberto Daniel Albertini Centurión, formuló en noviembre de 2024 una acusación contra César Christian Danilo Rienzzi Fernández, Elvio Adrián Benítez Benítez, Juan Gustavo Valdez Martínez y Miguel Ángel Sanabria Acuña, por el supuesto hecho punible de quebrantamiento del depósito. El Juzgado Penal de Garantías N° 2 de Encarnación tuvo por presentada la acusación, que también cuenta con una querella adhesiva.
Sin embargo, a casi un año de esa presentación formal, la causa permanece estancada debido a lo que la denunciante califica como “tremendas chicanas” de los abogados de la defensa. “No hacen más que dilatar el proceso para evitar que se llegue a juicio”, expresó Meza, visiblemente cansada pero firme en su reclamo.
El caso expone una preocupante combinación de impunidad, desprotección institucional y trabas judiciales. Mientras tanto, Adriana Meza sigue sin respuestas ni reparación por el daño sufrido, esperando que la justicia, tarde o temprano, actúe.
“Es agotador luchar contra un sistema que parece estar hecho para proteger a los responsables y no a los ciudadanos. No quiero venganza, solo que se haga justicia”, concluyó.
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