El diputado Carlos Pereira (PLRA-Itapúa) presentó un proyecto de ley que busca exceptuar a las comisiones vecinales de los alcances del artículo 7 de la Ley N.º 7408/2025, que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal vigente.
La iniciativa apunta a que estas organizaciones barriales se rijan exclusivamente por lo establecido en la Ley N.º 3966/2010 – Orgánica Municipal, alegando la necesidad de simplificar procedimientos y evitar superposiciones normativas que, según el legislador, estarían afectando la participación ciudadana a nivel comunitario.
¿Qué plantea el proyecto?
El artículo 7 de la Ley N.º 7408/2025 establece una serie de exigencias para todas las organizaciones sin fines de lucro que administran fondos públicos, incluyendo:
- Controles administrativos rigurosos
- Rendición de cuentas obligatoria
- Informes semestrales de gestión
- Fiscalización parlamentaria
- Suspensión del financiamiento por incumplimiento
Pereira sostiene que estos requisitos, diseñados para organizaciones de mayor escala, no se ajustan a la realidad de las comisiones vecinales, que operan bajo la tutela de las municipalidades, conforme lo establece la Ley Orgánica Municipal.
“Queremos fomentar la participación ciudadana y no obstaculizarla con burocracia que genera confusión y retrasa gestiones simples como la ejecución de fondos para obras barriales”, señaló el legislador.
Regulación municipal vs. control nacional
El proyecto argumenta que las comisiones vecinales ya cuentan con un marco normativo claro en la Ley N.º 3966/2010, que establece:
- Reconocimiento por resolución municipal
- Organización y funciones definidas por ordenanza
- Carácter de organismo auxiliar de la municipalidad
- Pertenencia de sus bienes al patrimonio municipal
Desde esta perspectiva, no sería necesario exigir su inscripción en registros nacionales ni someterlas a fiscalización directa del Congreso u otros entes estatales, como lo requiere la ley presupuestaria.
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