El caso del denominado “carneo municipal”, que ya acaparaba la atención pública por la gravedad de los hechos investigados, suma ahora un nuevo capítulo que coloca bajo la lupa al médico geriatra Juan Ancidez Sachelaridi. El profesional fue quien habría expedido el controvertido certificado médico con el cual la abogada Francisca Beatriz Silvero, defensora de tres acusados, justificó su inasistencia a una audiencia preliminar clave del proceso.
La polémica surge porque el documento, fechado recientemente, diagnóstica a la letrada con “síndrome bronquial agudo – Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)”, cuadro que, de acuerdo con el Ministerio Público, carece de respaldo clínico verificable. Además, resalta la incongruencia en la especialidad del profesional firmante, ya que Sachelaridi es geriatra y no neumólogo ni especialista en enfermedades respiratorias.
Si la justicia confirma que el certificado tiene contenido falso o fue expedido sin la debida base clínica, Sachelaridi podría enfrentar un proceso disciplinario en el ámbito médico. Según fuentes consultadas, las sanciones que contempla van desde una suspensión temporal hasta la pérdida definitiva de la licencia para ejercer la profesión.
La Fiscalía, representada por el agente Luis Alberto Daniel Albertini, solicitó que un médico forense del Poder Judicial verificara el estado de salud de Silvero, atendiendo a que el EPOC es una enfermedad crónica y progresiva que deja huellas en la historia clínica de cualquier paciente. La falta de antecedentes documentados, sumada a la dirección imprecisa que imposibilitó la visita forense, alimentó las sospechas de una maniobra dilatoria.
La abogada Silvero, por su parte, calificó la medida como “arbitraria y discriminatoria” y defendió la validez del certificado por estar visado por el Ministerio de Salud. Sin embargo, tanto la querella como la víctima insisten en que se trata de una estrategia para seguir postergando el avance de la causa.
El juzgado deberá resolver la validez del recurso interpuesto por la defensa y sobre la procedencia de la constatación forense, de confirmarse irregularidades en la conducta de Sachelaridi, se abriría un proceso disciplinario que podría derivar en la suspensión o incluso la inhabilitación permanente del profesional.
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