La audiencia preliminar del caso conocido como el “carneo” del vehículo de Adriana Meza, presuntamente desmantelado dentro de un taller administrado por la Municipalidad de Encarnación, volvió a ser postergada este lunes debido a una nueva justificación presentada por la defensa de los imputados.
En esta ocasión, la abogada Francisca Beatriz Silvero, representante legal de tres de los acusados, alegó problemas de salud que le impidieron presentarse ante el juzgado. Esta no es la primera vez que se frustra la realización de la audiencia: anteriormente, ya se había suspendido tras el argumento de un viaje previamente agendado por otra de las defensoras, la abogada Geraldine Vanesa Gómez.
El abogado de la víctima, Georgio Benítez, lamentó públicamente la dilación sistemática del proceso. El caso ha generado una fuerte indignación ciudadana. Según la denuncia, el vehículo de Adriana Meza fue desmantelado en el interior del taller municipal, donde se suponía debía estar resguardado. La gravedad de la situación se agudiza por el hecho de que funcionarios de la misma institución estarían involucrados en el hecho.
La respuesta institucional ha sido fuertemente cuestionada. En lugar de esclarecer lo ocurrido y asumir responsabilidades, la Municipalidad de Encarnación presentó una denuncia por hurto contra personas no identificadas, sugiriendo que terceros ajenos al taller podrían haber sido los responsables del desmantelamiento. No obstante, esta versión pierde fuerza ante las evidencias recogidas por concejales y periodistas, quienes, tras inspeccionar el lugar, no hallaron signos de ingreso forzado ni de intrusión externa.
La propia Adriana Meza ha denunciado que se le ofreció “devolver el vehículo en partes”, propuesta que calificó como inaceptable. “Ese auto era mi herramienta de trabajo y un regalo de mi padre. No solo perdí un medio de sustento, perdí parte de mi historia personal”, afirmó entre lágrimas en una entrevista reciente.
Ante la falta de respuestas y acciones concretas, Meza ha llevado su reclamo a instancias públicas. Encadenada frente a la Municipalidad durante varios días, su protesta se ha convertido en un símbolo de resistencia ante lo que considera una violación a sus derechos y un atropello institucional.
Desde el entorno de la víctima exigen que el Poder Judicial impida que las tácticas dilatorias entorpezcan el acceso a la justicia.
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