Carmen Benítez, madre de dos adolescentes de 14 y 17 años, decidió alzar su voz y hacer pública su denuncia ante las constantes dilaciones en el proceso judicial que inició hace más de siete años para exigir que su ex pareja cumpla con el deber alimentario hacia su hija menor.
Desde el año 2018, Carmen ha estado impulsando todos los trámites legales necesarios para que se reconozca y se garantice el derecho de sus hijos a recibir una pensión alimentaria. Sin embargo, hasta la fecha, no ha obtenido una resolución efectiva, debido a sucesivas suspensiones de audiencias que, según relata, se realizan sin justificación válida.
“La audiencia se marca, hago el viaje desde Mayor Otaño hasta Encarnación, con todo lo que eso implica económicamente, y al llegar me dicen que se suspendió. Siempre lo mismo, una y otra vez. Ya no tengo cómo alimentar a mis hijos”, lamentó Carmen, visiblemente agotada por la situación.
La historia comenzó tras la separación de la pareja en 2017, cuando Carmen se quedó a cargo de sus dos hijos. En 2018 inició el proceso legal en el juzgado de Mayor Otaño, que luego fue derivado a la fiscalía de María Auxiliadora, y finalmente remitido a Encarnación, dificultando aún más su acceso a la justicia.
La situación de Carmen no es un caso aislado. Pone en evidencia las fallas estructurales en el sistema judicial que afectan directamente a madres y niños, quienes enfrentan no solo la carga económica y emocional, sino también la indiferencia institucional frente a sus reclamos.
Carmen pide una respuesta urgente y concreta de la justicia para que sus hijos no sigan siendo víctimas del abandono, no solo del padre, sino también del sistema.
Maximo Morinigo es el nombre del padre irresponsable según la denuncia, quien suele ir de vez en cuando a visitar a los hijos, pero Carmen manifestó que no ayuda en nada para la mantención de los menores.
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