El empresario itapuense Enrique Ignacio Vázquez García, fue detenido por la Policía Nacional en las inmediaciones del Congreso Nacional, en cumplimiento de una orden de captura por los delitos de cohecho pasivo agravado y tráfico de influencias, en el marco de la causa penal “Miguel Prieto Vallejos y otros s/ Cohecho pasivo agravado y tráfico de influencias”.
La aprehensión se produjo a las 08:45 en la Oficina de Guardia del Destacamento policial apostado en el Congreso, según el memorándum emitido por la Comisaría 5ª de Asunción. Vázquez García era buscado por el Ministerio Público desde el 8 de abril de este año, conforme al Oficio N.º 86, firmado por los fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta Dinamarca y María Verónica Valdez.
Horas después de su detención, el empresario prestó una amplia declaración testimonial ante los fiscales intervinientes, en la que ofreció detalles impactantes sobre los mecanismos de corrupción supuestamente utilizados dentro de la Municipalidad de Ciudad del Este, bajo la administración del intendente Miguel Prieto.
Según su testimonio, Vázquez —representante legal del Consorcio Ñande Ypoty, adjudicado en 2019 para la construcción de la Costanera Ñane Renda del Km 8 Acaray— afirmó que el proceso de licitación fue “armado completamente por la Secretaría de Obras” del municipio esteño, encabezada en ese entonces por Stefany Garcete, quien según dijo, viajó hasta Buenos Aires para cerrar el acuerdo. Vázquez reconoció que no preparó la documentación técnica y que únicamente “firmó los contratos”.
A cambio de la adjudicación, la funcionaria le exigió un pago de USD 50.000, además de condicionar la compra de materiales a un proveedor específico. Aunque no accedió al pedido, sí admitió haber pagado Gs. 650 millones en concepto de “comisión” a los entonces funcionarios municipales Pedro Acuña, Víctor Lugo y Hugo Benítez, dinero que consiguió a través de un préstamo privado, con Diego Marciano Zarate como garante.
Posteriormente, según su relato, se le exigió otro pago de Gs. 550 millones para los concejales, “a razón de 50 millones cada uno”, monto que entregó directamente a Lugo tras cobrar el primer anticipo de obra en el Banco Continental.
En total, Enrique Vázquez sostuvo haber entregado más de Gs. 1.200 millones en sobornos, a cambio de la adjudicación y la liberación de pagos, bajo constantes presiones y amenazas. También reveló que se le retenía el 10% de cada certificado de obra cobrado, bajo el mismo esquema.
“La situación se volvió insostenible”, señaló el empresario, quien denunció haber sido víctima de amedrentamientos físicos, incluso agresiones por parte del propio intendente Prieto, tras la filtración de audios en los que Vázquez relataba los hechos. Dijo que fue obligado a firmar un poder al señor Horacio Daniel Fleitas Branda, apoderado impuesto por funcionarios municipales, quien cobró el remanente de la obra por un monto cercano a Gs. 1.100 millones, dejándolo fuera del circuito de cobro.
Cuando el interrogado fue preguntado sobre su relación con Diego Marciano Zarate, manifestó que hizo un contrato privado para formar el Consorcio Ñande Ypoti donde se encargó de la empresa como titular y representante legal, llegando a un acuerdo a través de su sociedad unipersonal.
“El señor Diego Zarate no tenía contacto con la gente de la Municipalidad de Ciudad del Este. La única persona que tuvo contacto con la gente de Ciudad del Este fui yo, funcionarios, entre otros. Lo que sé y me consta que el Sr. Diego Marciano Zarate era tío o pariente del actual intendente Luis Yd, de Encarnación.”
Al día de hoy, Vázquez afirma que la Municipalidad aún le adeuda aproximadamente Gs. 2.260 millones, correspondiente a certificados impagos por la ejecución parcial de la obra.
La causa penal, abierta en 2021, apunta a una presunta red de corrupción pública-privada con epicentro en la gestión de Miguel Prieto. La declaración de Vázquez implica de manera directa a funcionarios municipales de alto rango, e incluso a políticos locales como Víctor Lugo, actual concejal de Minga Guazú, así como a actores del sector privado que habrían facilitado el circuito financiero.
Los fiscales del caso han anunciado que en junio recibirán nuevas pruebas documentales y el teléfono celular del empresario detenido, quien autorizó el acceso a sus comunicaciones y registros, claves para la investigación.
Mientras tanto, la Fiscalía amplía su indagación a partir de los nombres surgidos en esta declaración, y no se descartan nuevas imputaciones ni órdenes de detención, en lo que promete ser uno de los mayores escándalos de corrupción municipal de los últimos años.
La construcción de la Costanera Ñane Renda fue presentada como una de las obras emblemáticas del plan de desarrollo urbano de Ciudad del Este. Sin embargo, desde 2021 ha sido objeto de múltiples denuncias por irregularidades administrativas y presuntas prácticas de corrupción.
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