La detención del senador argentino Edgardo Kueider, el 4 de diciembre de 2024, con más de 200.000 dólares sin declarar en Paraguay destapó una trama de dinero, favores y vínculos políticos que cruzan la frontera. Uno de los nombres clave en esta red es el del empresario argentino Pablo Ricatti, actualmente radicado en Asunción y con inversiones en San Bernardino, donde compartiría propiedades con el senador argentino Martín Goerling.
Ricatti llegó a Paraguay tras evadir una investigación de la Comisión Nacional de Valores en Argentina, que le exigía transparentar una estructura societaria poco clara. Uno de esos esquemas lo llevó incluso al despacho del entonces presidente Mauricio Macri, en el marco de un proyecto conocido como la “Vaquita Tuitera”. Esta supuesta iniciativa industrial recaudó más de 2,5 millones de dólares vía donaciones por Twitter, pero jamás inició la producción prometida. Ricatti asegura que devolvió el dinero, aunque nunca lo acreditó públicamente.
Una vez instalado en Paraguay, conformó la empresa Veriles S.A. junto a Gerardo Antonio Chamorro Ortega, ex socio del condenado por usura y lavado de dinero Ramón González Daher. Chamorro fue incluso denunciado por el propio Daher en dos ocasiones por estafa. Esta sociedad empresarial confirma que Ricatti no llegó al país solo a hacer negocios, sino también a tejer vínculos con actores que ya cargan con antecedentes judiciales.
Pese a su discurso abiertamente antiestatal, Ricatti intentó obtener exenciones fiscales de varios intendentes argentinos para instalar una planta industrial que nunca se concretó. En su propia declaración explicó su método: “Había pensado una estructura en la que los socios hacían un aporte de capital chico y el resto de los dólares que invertían lo hacían como un préstamo a la empresa. Nos apalancábamos con un crédito de los accionistas, para no pagar impuestos de más”.
El escándalo que lo envuelve tomó otra dimensión tras la detención en nuestro país de otro senador argentino, el entrerriano Edgardo Kueider, cuando surgieron vínculos directos con Martín Goerling, senador del PRO argentino y hombre de confianza de Mauricio Macri. Goerling es propietario de una larga lista bienes en Argentina, Uruguay y Paraguay, y saltó a la fama tras declarar más de 6 millones de dólares en efectivo y autos de lujo. Además, habría brindado hospedaje a Kueider en Argentina antes de su viaje a Paraguay, lo que alimenta las sospechas de una maniobra para mover dinero con destino incierto.
En paralelo, Ricatti incrementó su exposición en redes sociales, especialmente en X (ex Twitter), donde incluso sugirió una posible candidatura a gobernador en Misiones, Argentina; pese a no residir en esa provincia ni tener un conocimiento real de su dinámica política. Para muchos, esta movida busca desviar la atención sobre su cercanía con Goerling y el escándalo financiero.
Desde Argentina, trascendió que Mauricio Macri habría operado para contener el impacto del caso, impulsando la designaciones en el directorio de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Esta jugada política le permitiría tener mayor injerencia sobre los acontecimientos, ante el temor de que Kueider “hable de más”, según versiones difundidas en medios argentinos.
El propio Goerling quedó en el centro de la tormenta al votar en contra de la expulsión de Kueider del Senado argentino y también al bloquear la creación de una comisión investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA, vinculada a una presunta estafa facilitada por el presidente Javier Milei. Sus movimientos han sido leídos como alineamientos forzados, más con Macri que con Milei, a quien dice apoyar públicamente.
Y como si la trama no fuera lo suficientemente espesa, esta semana se sumó un nuevo nombre: el del extenista profesional y broker fianciero Diego Hartfield, actual candidato de La Libertad Avanza en Misiones para las elecciones provinciales del 8 de junio. Hartfield estaría involucrado en una megaestafa de 300.000 dólares vinculada al negocio de las fintech y criptomonedas. Su inclusión en esta red suma un nuevo eslabón a una historia que parece estar lejos de su final.
La conexión entre Ricatti, Goerling, Hartfield y Kueider plantea un posible esquema de financiamiento político irregular y desvío de fondos transfronterizos. Mientras la justicia paraguaya avanza con la causa, en Argentina crecen los reclamos de transparencia.
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