Pese a encontrarse bajo arresto domiciliario, Mauro Andrés Vera González fue nuevamente detenido en el marco de una investigación por un millonario hurto domiciliario ocurrido el pasado 1 de mayo en el barrio Las Carmelitas de Cambyretá, Itapúa. El sujeto, conocido por su extenso prontuario, fue aprehendido por efectivos del Departamento de Investigación de Hechos Punibles tras ser vinculado a este reciente hecho delictivo, bajo la dirección investigativa del agente fiscal Abg. Francisco Martínez.
El nuevo caso se registró alrededor de las 13:00 horas del Día del Trabajador, cuando una pareja de vecinos que se encontraba fuera de su domicilio recibió una llamada alertando sobre la presencia sospechosa de personas en su propiedad. Al regresar, constataron que delincuentes habían ingresado forzando una ventana y se llevaron una suma cercana a los 340 millones de guaraníes en efectivo, 7.000 dólares americanos, joyas, equipos electrónicos, una chequera con hojas firmadas, y hasta el DVR del circuito cerrado, lo que indica una acción planificada para evitar dejar rastros.
Según la denuncia, los autores se habrían aprovechado de una aparente falla de seguridad al no quedar debidamente asegurada la caja fuerte, la cual fue encontrada abierta y vacía. Las cámaras de seguridad de vecinos podrían ser clave para identificar a los demás implicados.
Lo más alarmante del caso es que uno de los principales sospechosos, Mauro Andrés Vera González, no solo había sido detenido semanas atrás por su presunta participación en un asalto a una farmacia Punto Farma en Cambyretá (ocurrido el 27 de marzo), sino que estaba gozando de arresto domiciliario al momento de este nuevo hecho. Durante aquel procedimiento anterior, encabezado por la fiscal Meiji Udagawa y la jueza Claudia Scapinni, ya se habían incautado elementos que lo vinculaban al crimen, incluyendo prendas similares a las observadas en imágenes de circuito cerrado.
Vera González arrastra una larga lista de antecedentes por hurto agravado, tenencia de estupefacientes y robo, y su reincidencia vuelve a poner en tela de juicio el control y cumplimiento de las medidas alternativas a la prisión en casos de criminales reincidentes.
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