Este martes por la mañana, un grupo de abogados del Departamento de Itapúa se concentró frente a la Tercera Circunscripción Judicial en una manifestación de protesta contra el Proyecto de Ley recientemente sancionado por el Congreso, el cual permite a los defensores públicos regular sus honorarios. Los profesionales del derecho expresaron su preocupación e indignación al presidente de la República, Santiago Peña, y exigieron que esta legislación sea rechazada, al considerarla inconstitucional.
El Proyecto de Modificación de los artículos 59 y 76 de la Ley N° 4423/2011 Orgánica del Ministerio de la Defensa Pública fue aprobado por el Congreso y ahora está en manos del Ejecutivo para su promulgación. Según los manifestantes, el proyecto vulnera derechos fundamentales y afecta el funcionamiento de la defensa pública en el país.
Uno de los puntos más controversiales es el apartado que obliga a los defensores públicos a regular sus honorarios en ciertos casos. Los abogados sostienen que, en caso de que el proyecto sea aprobado tal como está, se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho de toda persona a ser defendida por un abogado de manera gratuita si no puede costear uno.
Los abogados también criticaron la propuesta que desnaturaliza el objetivo original del Ministerio de la Defensa Pública, al introducir una normativa que contradice los principios fundamentales de la ley existente. El proyecto establece que, «en los demás casos, los defensores públicos deberán regular sus honorarios», lo que, según los manifestantes, transforma la función de los defensores públicos en una actividad lucrativa y contradice el principio de gratuidad que establece la Ley N° 4423/2011. «La ley ya establece que los servicios de la defensa pública son gratuitos para quienes cumplen con los requisitos para acceder a ellos. Esta modificación desnaturaliza completamente la finalidad de la defensa pública», añadieron.
La protesta fue encabezada por un grupo de abogados locales que se mostraron firmes en su oposición a la modificación, señalando que de ser promulgada, la ley podría poner en riesgo el derecho de acceso a una defensa adecuada para las personas de escasos recursos.
El proyecto de ley, que fue aprobado por el Congreso, está generando un debate amplio entre los profesionales del derecho y las autoridades gubernamentales, y se espera que el presidente Santiago Peña tome una decisión en los próximos días.
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