El Diputado Carlos Pereira abordó la polémica Ley de Unificación de Aranceles de Habilitación de Rodados, desmintiendo rotundamente ser el proyectista o impulsor de esta normativa. Sin embargo, explicó en detalle el espíritu de la propuesta y aclaró sus beneficios potenciales para los municipios y los ciudadanos. Según Pereira, con la implementación de esta ley, más de 50 distritos grandes de todo el Paraguay verán una disminución significativa en los costos actuales de las tasas de habilitación vehicular.
Unificación de criterios para mayor equidad
El proyecto tiene como objetivo central modificar la Ley N° 135/91 para establecer un sistema uniforme en el cálculo de las patentes de rodados. Actualmente, los municipios aplican criterios dispares en la fijación de estos costos, lo que genera competencias desleales y un manejo poco transparente de los ingresos municipales. Pereira señaló que “existen municipios que cobran tarifas irrisorias, atrayendo a contribuyentes de otros distritos sin garantizar la correcta aplicación del servicio”. Este fenómeno, añadió, afecta la capacidad de los municipios de invertir en infraestructura vial y otros servicios esenciales.
La normativa busca establecer un cálculo basado en el jornal diario mínimo, categorizando los vehículos según su tipo y antigüedad. Por ejemplo, para un automóvil de estreno, el costo será de seis jornales diarios, mientras que para un vehículo muy usado, el arancel será de solo dos jornales diarios. Este sistema permitirá que los costos sean razonables, uniformes y ajustados a la realidad económica de los contribuyentes.
Asegurar el destino adecuado de los impuestos
Pereira destacó que la ley busca garantizar que los impuestos por habilitación vehicular se cobren en el municipio donde realmente se utilizan los vehículos. Esto es clave para asegurar que los recursos recaudados se destinen a mejorar la infraestructura vial local, reduciendo así el riesgo de accidentes y el impacto ambiental. “Es un sistema pensado para fomentar la honradez en el cobro de impuestos y garantizar que cada distrito reciba lo que le corresponde para atender a sus ciudadanos”, puntualizó.
Además, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial tendrá un rol crucial como autoridad de control para velar por el cumplimiento de los nuevos criterios establecidos en la ley. Esto, según el legislador, reforzará la transparencia y la eficacia en la aplicación de la normativa.
Impacto positivo en más de 50 distritos
Según Pereira, uno de los mayores beneficios de esta ley es que permitirá reducir los costos actuales en más de 50 distritos importantes del país. La ley también contribuirá a regularizar el sistema de habilitaciones, eliminando prácticas que fomentan la evasión y el desorden en el registro de vehículos.
El diputado insistió en que su papel no fue el de proyectista ni impulsor de la ley, pero asumió la responsabilidad de explicar los fundamentos del proyecto ante los cuestionamientos recibidos. Subrayó que el objetivo final es beneficiar tanto a los municipios como a los contribuyentes, promoviendo un sistema más justo y transparente.
“Este proyecto tiene un propósito claro: armonizar el sistema de habilitación vehicular en todo el país, asegurando que los municipios puedan contar con recursos suficientes para brindar servicios de calidad a la ciudadanía.”, concluyó.
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