La Fiscalía Regional de Encarnación, a través de la Unidad Penal N.º 5 a cargo de la agente fiscal Rocío Carolina Valdez, llevó a cabo dos allanamientos simultáneos en el distrito de Cambyretá, en el marco de la investigación de un supuesto hecho punible de abuso sexual en niños. Estos operativos se realizaron en cumplimiento de un mandamiento judicial emitido por la jueza penal de garantías, abogada Deyanira Villalba.
El primer allanamiento se llevó a cabo en una vivienda particular ubicada en el barrio Arroyo Porã, propiedad de Patricia Elizabeth Román Cristaldo, quien actualmente se encuentra imputada como cómplice del abuso sexual de su hijo.
Durante el procedimiento, en el que no hubo presencia de los ocupantes, se incautaron diversos documentos, un automóvil Toyota Funcargo de color oscuro y un teléfono celular Nokia en estado de deterioro. Según declaraciones de una vecina, la señora Román y sus cinco hijos menores se habrían retirado de la vivienda momentos antes del operativo.
El segundo allanamiento tuvo lugar en la celda ocupada por Carlos Jiménez Torres, interno del Pabellón A del Centro de Rehabilitación Social (CERESO) de Itapúa, ubicado también en el barrio Arroyo Porã. Durante la intervención, que contó con la colaboración de personal de varias comisarías, agentes del Grupo GEO y del Grupo Lince, se incautaron siete tarjetas SIM, un cuaderno con anotaciones, varias armas blancas de fabricación casera y medicamentos. Jiménez Torres, quien es uno de los principales investigados, fue informado de las diligencias y cooperó sin inconvenientes.
En ambos procedimientos participaron representantes del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, la defensora pública y el médico forense, quienes garantizaron el cumplimiento de las normativas legales durante las intervenciones.
Como resultado de estas acciones, la Fiscalía libró una orden de detención contra Patricia Elizabeth Román Cristaldo, quien es señalada como cómplice en el caso que involucra a su propio hijo. Las investigaciones continúan para determinar el alcance de los hechos y la posible existencia de una red delictiva.
El caso
Todo este procedimiento se inició tras una denuncia de un supuesto hecho de abuso sexual brutal en un niño de 9 años, tras la denuncia que hizo en sus redes sociales una Concejal Municipal de Ciudad del Este, alegando que un pequeño llegó a un centro asistencial de esa ciudad con un desgarro anal y afirmando que el abuso se produjo dentro de la Penitenciaría Regional de Encarnación.
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