La madre del niño de 9 años, presunta víctima de abuso sexual, grabó un video en el que niega que su hijo haya ingresado a la Penitenciaría Regional de Encarnación y mucho menos que su pareja lo haya agredido sexualmente. Según sus declaraciones, el menor estaba en buenas condiciones cuando viajó con su hermana a Ciudad del Este. Sin embargo, un informe médico confirmó que el niño sufrió abuso sexual, lo que mantiene la causa bajo investigación.
La agente fiscal Rocío Carolina Valdez, de la Unidad Penal N.º 5, durante la noche de ayer lideró los allanamientos realizados en el marco de la investigación. Los procedimientos se Ilevaron a cabo en el distrito de Cambyretá, en cumplimiento de órdenes emitidas por la jueza penal de garantías, Deyanira Villalba.
El primer operativo tuvo lugar en una vivienda del barrio Arroyo Porã, propiedad de Patricia Elizabeth Román Cristaldo, madre del niño y ahora imputada como cómplice del abuso. Durante el allanamiento, las autoridades incautaron documentos, un automóvil Toyota Funcargo de color oscuro y un teléfono celular en mal estado. Testigos señalaron que Román y sus cinco hijos abandonaron la casa poco antes del procedimiento.
El segundo allanamiento se realizó en el Centro de Rehabilitación Social (CERESO) de Itapúa, en la celda de Carlos Jiménez Torres, interno del Pabellón A y principal sospechoso en la causa. Allí se incautaron siete tarjetas SIM, un cuaderno con anotaciones, armas blancas de fabricación casera y medicamentos. Jiménez Torres cooperó con las autoridades durante la intervención.
Tras los operativos, la Fiscalía emitió una orden de captura contra la madre del menor que habría sido abusado, por su presunta complicidad en el caso. También se recolectaron evidencias clave, como el registro de visitas al CERESO y grabaciones de las cámaras de seguridad del penal.
La investigación busca esclarecer si el abuso se produjo dentro de la penitenciaría, como afirmó una concejala de Ciudad del Este en redes sociales, quien denunció que el niño llegó al hospital con graves lesiones. El incidente ha generado conmoción y repudio en la sociedad, mientras las autoridades trabajan para determinar la responsabilidad de los implicados. El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, defensores públicos y médicos forenses participaron en los procedimientos para garantizar la protección de los derechos del niño y el cumplimiento de las normativas legales.
Con las pruebas recolectadas y los testimonios en curso, la Fiscalía continúa investigando si existe una red delictiva detrás de este caso, que ha puesto en el centro del debate la vulnerabilidad de los niños en situaciones de riesgo.
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