Tras el último caso de feminicidio registrado en Lambaré donde una joven fue asesinada por su expareja, quien violó su arresto domiciliario, reflota la urgente necesidad de aplicar las tobilleras electrónicas. La ley sigue sin ser reglamentada.
Este domingo se registró un nuevo caso de feminicidio en el que resultó víctima una joven de 20 años, identificada como Kathia Monserrat Brítez Torres.
El autor del feminicidio es su expareja, Osvaldo Luis Zaracho Fernández, quien contaba con prisión domiciliaria desde febrero pasado, luego de haber golpeado brutalmente a la mujer.
La trágica muerte de esta joven desnuda nuevamente la urgente necesidad de implementar de una vez por todas las tobilleras electrónicas en nuestro país, destinadas al control de personas con problemas con la justicia.
Cabe recordar que la Ley N° 5863, que incluyó el Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (SIMDEC) en nuestro sistema penal, había sido promulgada en septiembre de 2017, sin embargo, hasta la fecha sigue sin ser reglamentada, por lo que su aplicación es hoy “letra muerta”.
Asimismo, en junio del 2020 fue promulgada la Ley 6.568 que introduce una modificación a la Ley N° 1600/2000 “Contra la Violencia Doméstica”, autorizando el uso de estos dispositivos electrónicos con personas procesadas por violencia doméstica y a quienes les impongan exclusión de hogar o prohibición de acercarse a la víctima.
Alejandra Peralta Merlo, magíster en Derechos Humanos, en entrevista con HOY enfatizó que la implementación de este tipo de dispositivos de control también permitirá evitar situaciones como las ocurridas hoy en Lambaré. “Con esto podrían salvarse muchas vidas”.
En ese sentido, considera de vital importancia que las actuales autoridades destinen los recursos necesarios para su puesta en vigencia, ya que han transcurrido 6 años desde la promulgación de la ley y sigue sin ser aplicada.
Asimismo, mencionó que la Policía Nacional -órgano encargado del control y supervisión- debe tener la suficiente capacidad operativa para actuar en caso de violación del arresto domiciliario, lo cual será constatado con la alerta emitida por las tobilleras electrónicas.
Ello requiere adiestramiento y capacitación al personal policial, así como la suficiente cantidad de efectivos para actuar rápidamente. Según explicó, en otros países el tiempo de reacción es de menos de 10 minutos.
“Una rápida respuesta es lo que permitirá que realmente tenga sentido, porque si la Policía llega en 30 o 40 minutos al lugar, como sucede generalmente cuando alguien llama al 911, entonces la situación podría ser otra“, afirmó.
En una primera prueba piloto, se debe incluir a las personas procesadas por violencia doméstica, sostuvo Peralta, siendo las que requieren de un mayor control para evitar que ataquen o amedrenten a las denunciantes.//DIARIO HOY
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