El 14 de septiembre del año 2019, dos sicarios llegaron a bordo de una motocicleta al “Comedor San Jorge”, ubicado en el Cruce Kimex del Distrito de Carlos Antonio López, uno de ellos descendió del biciclo, pidió monedas para jugar en una máquina tragamonedas y sin mediar palabras desenfundó un arma de grueso calibre y le propinó un disparo en la cabeza a Carlos Jorge Delvalle Lugo de 50 años, para luego “asegurar el trabajo” realizando otros 15 disparos.
Toda una investigación comenzó y lo primero que se detectó es que la víctima, que era apodado “Carlos Gordo”, realizó una denuncia en la Comisaría 16° de María Auxiliadora el 14 de agosto de ese mismo año, por una amenaza de muerte que había recibido por parte del en ese entonces Concejal Departamental del Partido Colorado en el Departamento de Caazapá, Benjamín Adaro Monzón.
Inclusive esa denuncia la materializó también en el Departamento de Lucha Contra el Crimen Organizado en Asunción, donde había dejado su celular para constatar las amenazas de muerte que recibía. Según lo que había manifestado el ahora fallecido, Benjamín Adaro Monzón quería obligarlo a atribuirse un atentado ocurrido en la Junta Departamental de Caazapá, donde sicarios ingresaron, balearon camionetas y sospechosamente olvidaron un celular con información precisa que intentaba inculpar a un enemigo de Adaro Monzón, con quien mantenía un conflicto judicial económico, llamado Jorge Baeza.
Inclusive el mismo Benjamín Adaro Monzón había escrito una carta a sus compañeros de la junta Departamental, en la cual manifestaba que él era el objetivo de esos sicarios y que ese día no había acudido a la sesión porque tenía información de que lo buscaban para ejecutarlo. Toda esa historia se desmoronó cuando la investigación policial arrojó datos precisos, por ejemplo que el celular que “supuestamente” habían olvidado los sicarios en el baño de la Junta Departamental, estaba a nombre de una ex funcionaria de una de las estaciones de servicios de Adaro y además desde esa línea se habían hecho llamadas también al celular del Concejal Departamental que se autodenominó objetivo. Con estos datos, la hipótesis que los investigadores manejaban era que todo lo ocurrido en aquella sesión fue un montaje, presuntamente ideado por el mismo Adaro Monzón, en el marco de sus intenciones políticas y la rivalidad que mantenía con otro Concejal.
Cuando esta historia se desmorona, Benjamín Adaro debía buscar un culpable de manera urgente para desviar la atención y logró conseguir unos audios de Whatsapp con la voz de Carlos Jorge Delvalle Lugo, en el cual supuestamente coordinaba el atentado en la Junta Departamental. Resulta que Delvalle se enteró de que lo estaban involucrando como autor intelectual del atentado mediante los medios de comunicación, posterior a un comunicado que realizó Adaro Monzón en la mismísima Junta Departamental de Caazapá, acusando al ahora fallecido.
Cuando “Carlos Gordo” toma conocimiento de que sus audios se estaban viralizando, se presenta ante la justicia y manifiesta que efectivamente esos audios fueron enviados por él, pero que un amigo suyo que es efectivo de la Policial Nacional llamado Eladio Villar, le pidió que se los envíe para hacer una broma supuestamente.
Para infortunio de Carlos, su voz grabada en mensajes de audio terminó en manos del Concejal Adaro Monzón, quien luego de esto lo intentó extorsionar aparentemente. El Concejal se habría comunicado con “Gordo” para que asuma el hecho, diciéndole que si no se autoincriminaba lo iba a mandar a asesinar a sus familiares y a él.
Delvalle siguió resistiendo a estas presiones y formalizó en denuncias las amenazas que recibía, las cuales terminaron siendo las crónicas de una muerte anunciada que se terminó materializando aquel 14 de septiembre de 2019.
Durante la jornada de este jueves, se desarrolló el juicio contra Pascual Benítez Miranda, a quien se lo encontró culpable de efectuar los disparos que terminaron con la vida de Carlos Delvalle y fue condenado a 26 años de prisión. Por su parte, Benjamín Adaro Monzón fue absuelto por la carencia de pruebas en su contra.
Representó al Ministerio Público el Abg. Enrique Forneron y el trabajo de investigación lo hicieron en su momento el fiscal Marcelo Pecci acompañado de Alicia Saprizs.
Este medio no se hace responsable ni partícipe de las opiniones vertidas por los usuarios de esta sección. Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Itapúa en Noticias se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República del Paraguay