Los efectos negativos de la emergencia sanitaria por Covid-19 sobre las empresas comienzan a notarse en las estadísticas que maneja la Sindicatura General de Quiebras, organismo auxiliar de la Corte Suprema de Justicia.
Al cierre del primer trimestre de 2021, la cantidad total de organizaciones en instancia de convocatoria de acreedores llegó a 110, muy superior al registro de 24 que se tenía en los primeros tres meses de 2020 e inclusive mayor a los 78 casos del mismo lapso, pero de 2019, año también caracterizado por un bajón en la economía.
Asimismo, los datos oficiales facilitados a Última Hora muestran que la cifra del año en curso ya representa el 85% de lo alcanzado en el periodo de enero a diciembre del año pasado; y el 41% del total de 2019, siempre haciendo referencia a los procesos de convocatoria de acreedores.
En cuanto a los registros de quiebras, los reportes hablan de que entre 2020 y 2021 solamente se llegó a esta etapa en 11 casos, lo cual es inferior a la estadística de 2019, cuando se tuvieron 17 empresas quebradas, la mayor parte de ellas (53%) en el segundo semestre del año.
Cabe recordar que la legislación vigente en la materia es la 154/69 De Quiebras, que -entre otros aspectos- establece las figuras de la convocatoria de acreedores y la quiebra en sí. La normativa se quiso actualizar el año pasado con el denominado proyecto de ley de resolución de insolvencia, que quedó archivado ante las críticas de diferentes sectores.
Análisis. Silvia Patiño, directora de Seguridad Jurídica del Viceministerio de Justicia, detalló que la convocatoria de acreedores se realiza precisamente cuando una empresa no quiere llegar a la quiebra, pero se refleja una situación de impotencia patrimonial y la dificultad de cumplir con ciertos compromisos al vencimiento.
Durante el proceso, agregó, se proponen medidas o nuevos planes de pago para evitar una situación extrema. Sin embargo, la funcionaria del Ministerio de Justicia hizo hincapié en que los números muestran que en nuestro país existe una alta correlación entre los procesos de convocatorias de acreedores y las declaraciones de quiebra.
“En el 80% a 90% de los casos en Paraguay ocurre esto, por eso nosotros habíamos presentado el proyecto de ley (resolución de insolvencia) para darle a la convocatoria de acreedores su naturaleza verdadera, que es de evitar la quiebra. La quiebra es cuando ya no hay manera de salvar la empresa o unidad económica”, manifestó.
A más de un año de la declaración de la pandemia, muchas empresas , sobre todo pequeñas, se declararon en quiebra. Solo que en los casos de microempresas el cierre de las mismas se hace en forma administrativa y normalmente no se da la intervención de la Justicia.
Las convocatoria de quiebra vía judicial más se verifica en los casos de las empresas de mayor porte en donde existen intereses de varios afectados.
Para resguardar a la empresa que convoca a la quiebra y los derechos de los acreedores se pide la intervención de la Justicia.
Los procesos de quiebras pueden durar varios años.
Consecuencias de la pandemia
Con relación a las estadísticas oficiales y el salto registrado este año, señaló que las medidas de restricción en general implementadas en 2020 para frenar el avance de la pandemia y el impacto en particular de la crisis sanitaria en el Poder Judicial pudieron haber retrasado el “flujo” de los trámites correspondientes.
En ese sentido, se puede destacar que los reportes de la Sindicatura de Quiebras muestran que los números de convocatoria de acreedores muestran un salto importante desde julio de 2020, época en la cual existían mayores flexibilizaciones para las actividades.
Si se suman los casos registrados desde el segundo semestre del año pasado hasta el primer trimestre de este año, la cantidad de convocatorias excede las 200.
Los gremios están solicitando a las entidades financieras mayores flexibilizaciones para honrar sus deudas, ante la merma importante de los negocios.// Fuente: UH
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