La preocupación crece ante los casos de abusos y agresiones sexuales que por desgracia ocurren a diario en diversos puntos del país que afecta principalmente a mujeres, niños y adolescentes. En consecuencia, diputados presentaron un proyecto de ley “Que establece las medidas de seguridad para la protección a la sociedad contra agresores sexuales”.
Los proyectistas argumentan sobre la necesidad de establecer medidas contra el abuso sexual. En el registro se incluirían aquellas personas que tengan una sentencia firme y tiene por objeto establecer mecanismos de defensa y medidas de seguridad para la protección de los niños adolescentes y ciudadanía en general frente a los agresores sexuales.
“Tenerlas en un registro para que, por ejemplo, personas que estén en la lista no puedan ser docentes. Es una manera de estar con una alerta permanente en cuanto este tipo de situaciones.”, expresó la diputada Rocío Vallejo, en contacto con 1000 AM.
Para condenados con sentencia firme
El proyecto estipula la creación de un Registro Nacional de Agresores Sexuales y el Banco Genético, en donde el juzgado competente inscribirá a los condenados con sentencia firme y ejecutoriada por hechos punibles contra la autonomía sexual, por un plazo de entre 5 y 10 años.
Integrarán estos registros los agresores por abuso sexual en niños, el abuso sexual en personas bajo tutela, estupro, actos homosexuales con personas menores, proxenetismo, pornografía relativa a niños y adolescentes.
De acceso público
La normativa dispone que sea de acceso público, en los portales webs de varias dependencias estatales como el Ministerio Público, Secretaría de la Niñez y Adolescencia, Corte Suprema de Justicia, entre otras dependencias estatales.
De igual manera, la iniciativa, en su artículo 8º, refiere que todas las personas que trabajan en forma directa o indirecta con niños y adolescentes deben contar con un certificado expedido, en forma gratuita y en línea por el Registro Nacional de Agresores Sexuales, que tendrá una vigencia de 6 meses y donde especificará si el portador está o no registrado como agresor sexual.
Las instituciones obligadas a contar con dicho certificado son colegios, escuelas, institutos, guarderías, escuelas de arte, escuelas deportivas, instituciones religiosas, asociaciones, fundaciones, ONG’ s vinculadas al trabajo con niñez y adolescencia, centros de salud, hospitales y en todos aquellos casos en que amerite certificación.
Los proyectistas mencionan igualmente, que esta regulación no significará ninguna erogación para las arcas estatales. La iniciativa ya fue remitida a las respectivas comisiones para su estudio.//LA NACIÓN
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