Las escuelas privadas subvencionadas del país sufren históricas discriminación en el acceso a recursos para la construcción e infraestructura. A pesar de que muchas de ellas se asientan en comunidades humildes, donde es impensable el cobro de cuotas a los padres una ley prohíbe que reciban recursos estatales como los de FONACIDE, y por ende almuerzo escolar y otros beneficios.
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Una lucha que hace años llevan adelante, apunta a transformar la ley en favor de estas escuelas para que puedan acceder a recursos y renovar sus deteriorados edificios.
Para concretar sus objetivos, necesita la voluntad política y la gestión de autoridades electas.
Muchas de las escuelas subsisten mediante la organización de actividades junto a los padres de familia y la transferencia de recursos en obras por parte de las Municipalidades.
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