NEGOCIADO CON ALQUILER DE TIERRAS INDÍGENAS EN ITAPÚA, CREARÍA U$D 1.000.000 AL AÑO

Números asombrosos en términos monetarios estaría arrojando el negociado con el alquiler de las tierras indígenas en el departamento de Itapúa.

El Instituto Nacional del Indígena posee en todo el departamento de Itapúa unas 17.169 hectáreas de tierra titulada y 1821 hectáreas no tituladas. Estas tierras están destinadas para el hábitat de las 31 comunidades del departamento y para la explotación agrícola y ganadera por parte de sus habitantes.

Sin embargo, salió al descubierto que gran parte de estas tierras no están siendo utilizadas con este fin, sino que están siendo alquiladas a productores agrícolas. De acuerdo a una investigación realizada por nuestro medio, al menos 3.000 hectáreas de estas tierras son alquiladas y explotadas por grandes productores en varios municipios, a pesar de que esta práctica está prohibida por ley.

Si volvemos a calcular, el costo del alquiler de tierras productivas por hectárea anualmente es de 2.000.000 de Guaraníes, que multiplicadas por las 3.000 hectáreas sobrepasa el millón de Dólares Americanos.

Llama poderosamente la atención de que a pesar de esta exorbitante suma de dinero, lo habitantes de la comunidades afectadas están sumidos en la extrema pobreza y no hay rastros de algún tipo de inversión que se realice con este dinero a favor de ellos.

Fuentes de Itapúa en Noticias, aseguran que la cantidad de tierra explotada podría ser mucho mayor. “Lo más probable es que no entren los ceros en la calculadora si nos ponemos a calcular bien”, nos refirieron.

Si estimamos una producción de 3.000 kg por hectáreas, estaríamos hablando de 9 millones de kilogramos en una zafra que al precio actual del mercado en Chicago, representa la onerosa suma de U$D 3.000.000, sin contar la producción de trigo y otros rubros de invierno.

Hasta el momento se desconoce con exactitud quienes serían los responsables directos del alquiler de tierras, pero existen fuertes sospechas que podrían tratarse de políticos y autoridades, como así también de los mismos líderes de las comunidades afectadas y representantes de instituciones que deberían velar por los intereses de los mismos..


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