LLAMATIVA PASIVIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL PARA EXPEDIRSE EN EL CASO MURDOCK.

Luego de que la Fiscalía General del Estado decidió suspender en julio del año 2018 provisoriamente en el ejercicio de sus funciones y sin goce de sueldo al funcionario Juan Ramón Gauto por el término de tres meses, aparentemente existiría una intención de “blanqueo” del funcionario acusado por violación de parte de la institución. Esto debido a que la suspensión sólo era de 3 meses y del cumplimiento ya pasaron casi 4 meses, sin tener en cuenta el tiempo que se tomó la Fiscalía General del Estado para expedirse en este caso.

La suspensión del presunto violador se había dado en el marco del expediente de investigación administrativa caratulado “sumario administrativo contra el funcionario Juan Ramón Gauto”.

El documento de su suspensión detalló que la medida fue tomada por “Supuestas Faltas Administrativas”. “En atención al fundamento expuesto, los presupuestos de aplicaciones de una medida administrativa de urgencia se hallan reunidos plenamente, por lo cual en virtud de las atribuciones constitucionales concordantes a la Ley Orgánica del Ministerio Público y el reglamento interno vigente se dispuso esta medida”, rezaba el documento.

Asimismo, el Ministerio Público puso en vigencia la Resolución 3.695 a partir del 1 de julio de 2018, llamativamente esta adquirió estado público luego de que se haya dado a conocer a través de Itapúa en Noticias, la planilla de desembolso de sueldos donde figuraba que Juan Ramón Gauto cobraba sin inconvenientes su salario a pesar de que no se presentó a trabajar por más de 3 meses.

Otro punto llamativo de la mencionada resolución es que el espacio donde se asigna la fecha de vigencia de la resolución fue completado a mano con un bolígrafo y en el mismo papel tampoco figura la fecha de emisión del documento dejando en duda de que verdaderamente se haya redactado antes del 1 de julio, sino en una fecha posterior a raíz del artículo periodístico publicado en IN.

De acuerdo a lo expresado en el escrito, para el Ministerio Público es más que suficiente la medida de suspensión provisoria para Gauto y así estando prófugo de la justicia pudo seguir perteneciendo a la nómina de funcionarios a pesar de que no se presentó a trabajar durante 3 meses luego de que se libraron dos órdenes de captura en su contra al ser sindicado como supuesto autor de varios crímenes, incluyendo la denuncia por violación a una menor de 15 años.

Es llamativa la benevolencia con que el Ministerio Público maneja este caso ya que la Ley de la Función Pública califica como una falta grave en el artículo 68, la ausencia injustificada por más de tres días continuos, mientras que las sanciones a estas faltas comprenden la destitución o despido, con inhabilitación para ocupar cargos públicos por dos a cinco años, por otro lado dentro de la misma Ley de la Función Pública en el Artículo 42 del Capítulo VI señala que cuando un funcionario público fuera imputado de hechos tipificados como punibles será suspendido en el cargo por el tiempo que dure el proceso sin embargo el Ministerio solo decidió suspender sus privilegios por tres meses.

Resulta preocupante la tibia postura de la Fiscalía General del Estado ante este delicado caso donde surgen rumores del posible blanqueo con que podría ser beneficiado Gauto, a pesar de las violaciones a la Ley de la Función Pública. Del mismo modo desde Inspectoría del Ministerio Público no existe ningún pronunciamiento sobre Gauto a casi un año de darse esta situación.

Hasta el momento se desconoce si es que la Fiscalía General del Estado ha emitido alguna resolución donde Gauto es beneficiado con una ampliación de su suspensión o si en verdad se aguarda la audiencia preliminar al juicio oral y en caso de que sea elevado a juicio oral aguardar la sentencia para expedirse en el caso.

Itapúa en Noticias ha publicado a lo largo de estos meses que el funcionario fiscal Juan Ramón Gauto alias Murdock, sería un “protegido” de altas autoridades fiscales, inclusive hemos preguntado sobre la veracidad de este rumor tanto al acusado como así también al propio ex Fiscal General Adjunto Abog. Edward Irala, en ambos casos nos negaron rotundamente a pesar de que estas anomalías vierten por tierra la expresa negativa de ambos.


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