La jueza de Itapúa, Laura Benítez, quien recientemente fue suspendida sin goce de sueldo por su polémica decisión de otorgar prisión domiciliaria al conocido capo narco Erwin Solalinde Krause, se encuentra nuevamente en el centro de la controversia. Esta vez, la magistrada ha sido señalada por haber otorgado salidas transitorias a Ylario Villalba Álvarez, uno de los cabecillas de una banda criminal dedicada a las estafas virtuales que opera desde la Penitenciaría Regional de Itapúa.
Un historial delictivo alarmante
Villalba Álvarez, condenado a 25 años de prisión más 5 años adicionales por un robo con resultado de muerte ocurrido en Canindeyú en 2011, ha estado vinculado a diversas actividades delictivas a lo largo de su encarcelamiento. En 2012, protagonizó un intento de fuga desde la Penitenciaría Tacumbú mediante la construcción de un túnel, lo que evidenció su capacidad de organización criminal desde prisión.
Pese a su peligroso perfil y su extenso historial delictivo, la jueza Benítez le otorgó beneficios que le permitían salidas transitorias, bajo el supuesto de que Villalba debía cumplir con actividades laborales. Sin embargo, recientes investigaciones han revelado que este delincuente utilizaba sus permisos no para trabajar, sino para operar una megaestructura de estafas junto a sus familiares, quienes se encargaban de la logística y recepción del dinero proveniente de los ilícitos.
Vínculos con una red de estafas internacionales
Ylario Villalba, alias «Copete», no es un reo común. Según las autoridades, lideraba una banda criminal desde el interior de la penitenciaría, en la cual se utilizaban 30 celdas como base de operaciones para perpetrar estafas a nivel internacional. El modus operandi de la banda incluía la suplantación de identidades y fraudes telefónicos que afectaron a ciudadanos de varios países de Latinoamérica, generando pérdidas superiores a los 2.500 millones de guaraníes.
A pesar de que sus beneficios judiciales establecían que Villalba debía cumplir con trabajos externos durante sus salidas, la realidad era muy distinta: el reo aprovechaba la flexibilidad de las medidas otorgadas por la jueza Benítez para reunirse con sus familiares y dirigir desde la calle una sofisticada red criminal.
Críticas a la magistrada
La actuación de la jueza Laura Benítez ha generado una ola de críticas tanto en el ámbito judicial como en la opinión pública. Tras su suspensión por el caso Solalinde Krause, su credibilidad como magistrada ha quedado aún más debilitada al conocerse que fue ella quien permitió que un criminal de alta peligrosidad como Villalba tuviera acceso a salidas transitorias.
Un sistema judicial en crisis
El caso de la jueza Laura Benítez es visto como un reflejo de las fallas sistémicas dentro del sistema judicial paraguayo. Las recurrentes denuncias por decisiones judiciales cuestionables y la falta de controles efectivos sobre los beneficios otorgados a los reos han puesto en tela de juicio la transparencia y la imparcialidad de ciertos sectores de la magistratura.
La Corte Suprema de Justicia había anunciado que investigará a fondo el accionar de Benítez en este caso y otros similares, mientras que el Ministerio Público ha iniciado una revisión exhaustiva de los expedientes de los reclusos que han recibido medidas especiales bajo su jurisdicción.
El futuro de la jueza Benítez
Mientras las investigaciones avanzan, el futuro de la jueza Laura Benítez en el Poder Judicial pende de un hilo. Su accionar en los casos de Erwin Solalinde Krause y Ylario Villalba Álvarez la ha colocado en el ojo de la tormenta, y no se descartan nuevas sanciones.
En un momento en el que la ciudadanía demanda mayor transparencia y justicia, casos como este no hacen más que alimentar el escepticismo y la frustración. Las acciones de jueces como Laura Benítez, quienes otorgan beneficios judiciales a criminales de alto perfil, no solo ponen en riesgo la seguridad de la población, sino que también erosionan la confianza en un sistema judicial que debería velar por el bienestar común.
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