La fábrica de azúcar orgánica San Luis Gonzaga ubicada en el distrito de General Delgado fue un proyecto financiado por la Entidad Binacional Yacyretá a un comité de cañicultores de este distrito con la intención de procesar sus productos y darle un valor agregado al esfuerzo de unos 100 campesinos de General Delgado y distritos aledaños.
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La EBY entregó una infraestructura completa con maquinarias y un edificio acorde a las necesidades de este tipo de producción, además de un acompañamiento continuo de técnicos en conjunto con el Ministerio de Agricultura pero lastimosamente falencias en la proyección de los directivos del Comité de Cañicultores provocó que la azucarera para su producción a solo dos años de su inauguración y ante la incapacidad de mantenerla en funcionamiento decidieron cederla de manera totalmente gratuita al señor Nicolás Arrúa, un empresario encarnaceno que se comprometió en contrapartida a mantener la planta en óptimo estado de funcionamiento, además de continuar el acopio para que los cañicultores continuen recibiendo sus ingresos y al mismo tiempo ocuparse de las deudas que demande la producción y los proveedores. Esta alternativa tampoco funcionó y poco después de tomar la administración, Arrúa decide volver a parar la planta esta vez hasta la culminación de su contrato que tiene una vigencia de 5 años y culmina en el mes septiembre próximo.
Así las maquinarias y los productores de caña quedaron nuevamente a la deriva y los 600 millones de Guaraníes que demandaron este proyecto a la binacional Yacyretá quedaron sepultados bajo la enorme capuera que rodea la planta abandonada.
Hoy a pocos meses de la culminación de este contrato, las autoridades del Comité de Cañicultores de San Luis Gonzaga de General Delgado que fue beneficiario de este millonario proyecto se proponen retomar la administración de la planta o lo que queda de ella, según manifestó su Presidente el Ing. Julio Ortiz quien en una entrevista con IN lamentó la decisión que tomaron ya que no solo fracasó la cesión de la estructura, también deben pelear para que el inquilino honre unos 18 millones de Guaraníes en concepto de energía eléctrica a la ANDE.
Ortiz reconoció que el contrato que mantuvieron con Arrúa les habilitaba a rescindir del mismo sin mediación judicial ya que violó absolutamente todas las cláusulas del mismo pero al parecer por desidia o un mal asesoramiento jurídico decidieron esperar a la culminación del mismo. Aseguró que todas las maquinarias se encuentran dentro de la estructura aunque aclaró que no puede ingresar al predio ya que Arrúa lo mantiene clausurado pese a que en el contrato rige la cláusula de inspecciones rutinarias por parte de los propietarios.
Lo cierto y concreto es que un maravilloso proyecto que al mismo tiempo requirió una millonaria inversión y que tenía la noble intención de dar un respaldo al campesino itapuense, está abandonado y los más perjudicados son los humildes productores de caña que creyeron en esta azucarera y se quedaron con la producción abandonada en sus campos.
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